El pasado mes de febrero se aprobó la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (Ley 1/2023). Y esto es relevante porque fortalece y mejora los instrumentos de cooperación y colaboración entre los actores implicados en este sector. Sobre todo, refuerza la cooperación descentralizada, un símbolo de nuestro sistema de cooperación. Esto significa que se promoverá e incrementará la actuación en cooperación desde las Comunidades Autónomas.

Esta ley hacía 25 años que no se actualizaba y eran muchas las organizaciones no gubernamentales al desarrollo (ONGD), administraciones, sector privado y organismos multilaterales que venían trabajando desde hacía dos años para tener un texto que reflejara el contexto actual, ya que la anterior ley de 1998 se había quedado obsoleta. El 97% de sus peticiones se han incorporado a la nueva ley. Esto refleja que ha sido un proceso participativo y que responde a las necesidades del sector.

Según un artículo de El País, “una reciente encuesta del Eurobarómetro reflejaba que el 98% de los ciudadanos españoles considera importante cooperar con terceros países para reducir la pobreza en el mundo”.